De los sancochos, buitres, leones y otros exóticos bichos

A finales de abril comienza la sequía en el Serengueti, desplazando a miles de ñus, cebras y gacelas que emprenden un peligroso viaje al norte en busca de pastos verdes. Cuando la hierba de la sabana se seca comienza el festín de los leones. Los enormes felinos cazan en grupo utilizando la maniobra de fragmentar los rebaños. Enfilan su mayor esfuerzo a la presa que logran separar de la manada. Abandonada por sus pares, la frágil y arrinconada víctima es destrozada sin misericordia.

Esta experiencia anual de Tanzania, se replica constantemente en el territorio colombiano. Con otras “presas”, obviamente. Los militares que con ocasión del conflicto resultaron encartados en procesos penales – culpables o inocentes – fueron abandonados a su suerte por su “manada”. Lastimosamente muchos de sus jefes, que en su momento fungieron de implacables jueces y emitieron sendas condenas a priori, hoy son presas de insaciables buitres, carroñeros de oficio.

Anecdóticamente, dos hombres en orillas distintas de la guerra, han expresado un mismo decreto: “Aún si me tocase ir 20 años a la cárcel, no aceptaré conductas ni delitos que no haya cometido.”. Aunque no vale el paralelo, sí la sentencia. Me lo dijo el general Mario Montoya, y lo volví a escuchar de Rodrigo Londoño en una visita que le hice en su finca. Y tienen toda la razón; ningún hombre en el mundo debería confesar un crimen que nunca cometió. Es la manera más perversa de mentir y engañar a las víctimas por el afán de congraciarse con la confortable versión del investigador, y gozar el beneficio a cambio.

Algunos contradictores del proceso de paz, o quienes difieren en ciertos apartes, lo han calificado con sordidez como el contrato Santos – FARC, desconociendo adrede la postura del Estado en la negociación. Es la palabra del Estado colombiano la que está en juego, y no la del expresidente Santos. El advertido yerro parece ser la razón para que, con cierta ligereza, periódicamente se hagan arremetidas buscando boicotear lo acordado. La seriedad de la palabra del Estado es la garantía soporte de la paz. La ley estatutaria de la JEP y el acto legislativo 01 de 2017 fijaron las reglas de juego para los comparecientes, por lo que intentar cambiarlas afecta seriamente la confianza de las partes comprometidas. Fundamentalmente si se trata de amaños soportados en una rebuscada sentencia muy silenciosa. Habría que entrar a revisar hermenéuticamente que tanta amplitud le permite al Fiscal General. Obvio, también juega la sensatez.

De todas maneras, en momentos de crisis multifactorial y crispación social, lo menos prudente es tratar de colgarle más pesos a la ya agitada agenda judicial. No es la primera vez que la Fiscalía se sienta “fuera del llavero” de los acontecimientos históricos para dar fin al conflicto, su deseo de saborear las mieles protagónicas que goza la JEP la tienen incomoda de tiempo atrás. Celos porque la Jurisdicción Especial para la Paz con la décima parte de su tiempo (30 años de la Fiscalía), ha logrado resolver con eficacia eternos procesos, ariscos a la jurisdicción ordinaria.

La JEP a pesar de su cuestionada textura ideológica viene haciendo un trabajo, hasta ahora, loable, reconocido por reputadas autoridades en materia penal y organismos multilaterales. Incluso en días pasados su labor mereció el respaldo del gobierno Baiden. Me resulta muy difícil entender a qué limbo se refiere el fiscal General, si la Ley Estatutaria de la JEP fijó claramente las competencias de la nueva jurisdicción, dejando innecesaria la “buena voluntad” de Barbosa “Nosotros lo que vamos a hacer es imputar y ayudar para que esa resolución de conclusiones que va a expedir la JEP quede sólida y tengamos rápidamente una clarificación de la verdad en este caso”. No es necesario, señor Fiscal, la JEP sabe de sobra hacer su trabajo. No aclare que oscurece.

Tampoco es necesario reciclar la vieja historieta de la Corte Penal Internacional como el “coco” para impresionar a los comparecientes; está claro que la CPI es una jurisdicción subsidiaria que solo opera en casos de negación de justicia en el país parte. Y la JEP, es, ante todo, Justicia. Las confianzas en la JEP son un buen mensaje de reconciliación y construcción de paz. Por cierto, asalta una duda: si Francisco Barbosa habló con Patricia Linares sobre la sentencia de la Corte Constitucional hace casi un año, ¿por qué solo hasta la semana pasada expidió la circular? Fiscal, a veces las mejores intenciones deben reconsiderarse.

Sumergir a los comparecientes (Fuerza Pública y FARC) en un sancocho de jurisdicciones, además de politiquero, insensato y confuso, es una presión innecesaria a personas sometidas a un régimen de condicionalidad que los obliga a tomar la ruta adecuada de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades. No hay excusa para ir en la dirección equivocada. Señor fiscal, no porque exista coacción de dos jurisdicciones el compareciente va a reconocer conductas ajenas a su conocimiento.

En este caso en particular, a la fiscalía no le queda bien asumir una posición de superioridad moral, pues el país aún espera respuestas de cuál fue su rol en el lamentable suceso de las ejecuciones extrajudiciales. No es posible que 6.402 personas hayan sido asesinadas frente a sus ojos, con el inoportuno “visado de legalidad” del Ente acusador. Para que esta práctica alcanzará tal sistematicidad, se tuvo que configurar, de hecho, todo un entramado criminal en el que fiscales e investigadores, directa o indirectamente, jugaron un papel fundamental en el levantamiento irregular de los cadáveres. A nadie le cabe en la cabeza que a viejos y experimentados sabuesos del CTI les hayan metido semejante gol. Doctor Francisco Barbosa, usted sabe de sobra que moral y legalmente no es preciso ser – juez y parte – en un mismo
escenario judicial. Como decía mi abuelo, “a este cuento le falta un pedazo”.

Para finalizar, ¿Qué pensará Eduardo Cifuentes de la “buena voluntad” de Francisco Barbosa? De lo expresado por el fiscal Barbosa a la revista Semana podemos inferir que, sin su ayuda, la JEP no podría cumplir idóneamente sus objetivos. ¿Qué tan dispuesto estará Eduardo Cifuentes de compartir el papel protagónico de la JEP con una fiscalía alicaída? ¿Reaccionará la “manada” de Montoya?