¿Estábamos engañados, o fuimos indiferentes?

Por: Mayor ® CÉSAR MALDONADO*
COLUMNISTA INVITADO

Por estos días, la Misión de Verificación de la ONU y la fundación Comité de Reconciliación, fuimos invitados en calidad de acompañantes a un ejercicio privado de reconocimiento de responsabilidades de comparecientes Fuerza Pública. El evento se dio como resultado de un trabajo juicioso de la Comisión de la Verdad, de varios meses – casi un año – de largas reuniones con responsables y víctimas, con la asistencia permanente de un equipo idóneo multidisciplinario que hizo el acompañamiento psicosocial a las partes involucradas.

Confieso que gocé conocer el departamento de Sucre. Sabanas hermosas que se pierden en la mirada yerta de un fascinado cachaco. Pasamos por Tolú Viejo, pueblo caliente donde parece que la brisa no corriera, como si al viento se le olvidara pasar por sus calles y soplar sus hermosas palmeras (no sé de donde saqué esta frase o si
es mía, porque estoy que me duermo). Lamentablemente no íbamos de paseo, debíamos ser garantes del momento tensionante en que un compareciente se viera cara a cara con las familias de 11 muchachos víctimas de ejecuciones extrajudiciales.Una nube de nerviosismo, estrés, angustia e incertidumbre invadían el pequeño salón del encuentro. Era la primera vez que se veían.

Debo rescatar una frase que con honestidad confieso me marcó; una madre sollozante, adolorida por la muerte de su hijo se acercó a escasos centímetros del victimario, y le dijo a la cara: “El presidente Uribe los mandó a matar guerrilleros, ¿por qué no fueron a las montañas a buscarlos en vez de asesinar a mi hijo que estaba aquí en el pueblo jugando futbol?”

Uribe no es el criminal que sus detractores pintan, tampoco ingenuo, al igual que el General Montoya y todos cuantos pasaron por la comandancia del Ejército. Es claro que eran ajenos a esa maldita práctica que colgó a los militares un inri deshonroso que van a cargar por rato. Pero hay dos formas de caminar con el estigma, una es negando lo axiomático, arrastrando el eterno lastre de la crítica ácida que hace daño aun usando máscara de avestruz, la otra es enfrentando la realidad. Es muy dolorosa, pero menos dañina para la institución.

Contrariar sin argumentos serios la evidencia de que esto se constituyó en una sistematicidad, es una pendeja pérdida de tiempo y de prestigio institucional. Es una teoría irrefutable que se debe mirar con humildad, no importa si la utilizan con ventaja los históricos enemigos de la institucionalidad. Eso sucede cuando se da papaya. Como consecuencia de la entrada en vigencia de la JEP, obtuvieron el beneficio de la libertad transitoria condicionada y anticipada casi tres mil militares, claro, sometiéndose a un estricto régimen de condicionalidad que los obliga, entre otros, a tomar con seriedad la ruta de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidades. En ese marco, aparece el señalamiento de la comisión de 6.402 ejecuciones extrajudiciales – eso dice la JEP – hechos ocurridos a lo largo y ancho del territorio nacional, aclarando que hay regiones en donde más se concentró este fenómeno abominable. Fueron infracciones de idéntica o análoga naturaleza, relacionadas entre sí, que no pueden reducirse a incidentes aislados ¿si esto no es sistematicidad, entonces qué es?

Alemania negó durante años lo innegable, aun ante la evidencia desborda de registros fílmicos, fotográficos, y relatos de sobrevivientes del terrorífico holocausto Nazi. Un desgaste enorme en todos los sentidos, pues libraba permanentemente un litigio moral ante la dura crítica internacional. Solo hasta el 7 de febrero de 1990, la República Democrática Alemana (RDA) reconoció la responsabilidad “del conjunto del pueblo alemán” en el exterminio de 6 millones de judíos durante la época de Hitler, asumiendo así, por primera vez, una parte de la responsabilidad moral alemana en el holocausto.

Ese día Alemania recuperó la autoestima como nación. Claramente no quiero comparar la dimensión de las catástrofes, sino resaltar la valiente decisión de un país de asumir la responsabilidad moral y política.

Las guerras se declaran contra los Estados, aun tratándose de un conflicto interno. No contra los ejércitos. Seguir canturreando el mismo sofisma de que en Colombia hay un conflicto entre las Fuerzas Armadas y las guerrillas igual es una pendeja pérdida de tiempo. Hasta los mismos militares ya se creen el cuento de que ellos son actores del conflicto. Eso no es exacto. El conflicto nuestro, es una guerra declarada de las guerrillas comunistas contra el Estado colombiano como conglomerado social. No importan los argumentos que expongan, es una guerra contra el Estado. Y como Estado debe responder a la amenaza. Es entendible que los militares lleven el mayor
esfuerzo porque son quienes ostentan las armas de la República, pero sin dejar de lado que el verdadero actor del conflicto es el Estado, y que todos juegan un rol en la estrategia a emplear.

Ese desconocimiento, es utilizado muy hábilmente por políticos, instituciones, y demás sociedad para descansar el pleno peso de la confrontación en los militares. La guerra es una confrontación de odios que, más temprano que tarde, termina deshonrando a quienes estén en las primeras líneas. Es una degradación permanente de todo sentimiento humano. Los soldados deben poseer una moral de hierro para no desfallecer ante la abrumadora maldad de la guerra. Infortunadamente no todos lo logran. Eso pasa hasta en los ejércitos más modernos. De esas lastimosas experiencias se construyen mejores tropas.

Pero la sociedad en su conjunto tiene una responsabilidad en los lamentables sucesos del conflicto, generalmente marcada por la indiferencia. Todos sabían que estaba
pasando en el país, pero como no los afectaba directamente miraban a otro lado. Los políticos, industriales, el clero, la academia, ganaderos, etc., dejaron que esto creciera en todas las direcciones según conveniencias. Creo que el Estado como conglomerado
social debe hacerse un mea culpa, bastante consciente, para cerrar la puerta giratoria que le ha mantenido por décadas en confrontaciones insulsas. Anoche me decía Piedad Córdoba, “estoy mamada del odio que respira todo mundo. De verdad que cansancio”, y tiene toda la razón los odios encarnizados tienen que parar. Entiendan, la guerra prolongada arrebató la victoria misma; aquí no hay ganadores. Perdió Colombia.

Es muy fácil culpar a los militares que nos defendieron en las primeras líneas, y que fallaron a sus principios, fueron débiles moralmente – claro que hay que hacerlo – pero rotularlos de “manzanas podridas” no resuelve la realidad del asunto, esto es mucho más profundo y demanda una responsabilidad política de la institución y de los gobiernos. Hay que revisar con filigrana los viejos formatos dogmáticos castrenses. De seguro requieren ajustes. Los militares son asintomáticamente recelosos con el tema, rayando en la exageración. Olvidan que las instituciones que internamente se someten a permanentes procesos de reingeniería son más eficaces y eficientes. En el marco de la jurisdicción transicional, es importantísimo conocer no solamente la verdad de las ejecuciones extrajudiciales, sino el por qué ocurrieron, qué falló en la férrea moral de los soldados. Estas respuestas serán la garantía para el país y las víctimas, de la no repetición.

El expresidente Uribe, Montoya y otros comandantes insisten en que nunca ordenaron asesinar inocentes para pasarlos por guerrilleros, y les creo, pero esa manera de
resguardarse culpando a los de abajo, es su peor defensa. De otro lado, no le luce al mandatario en calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, exonerarse de toda responsabilidad de un hecho sistemático que, él mismo señala, conoció cuatro años antes de tomar decisiones de fondo, con el argumento de que fue engañado por los soldados. ¿A qué soldados se refiere? ¿Soy yo, o me pareció que la defensa de Uribe es echarle la culpa a los Generales? La responsabilidad penal la están asumiendo los comparecientes, pero me parece que aquí hay una responsabilidad moral y política del Gobierno y del Ejército Nacional que debe asumirse de inmediato. Ello no implica que la reprochable práctica obedeciera a políticas institucionales, pero es muy testarudo desconocer que fueron hechos cometidos por hombres armados, uniformados y en cumplimiento de órdenes operacionales institucionales. Se salieron de las directrices, sí, pero eso no exonera al Ejército de ponerle el pecho a la brisa. Mi padre solía decir: “no por desconocer la oveja negra sus acciones dejan de afectar a la familia”.

Rescato de Álvaro Uribe que, “Colombia va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva”. Aunque de entrada cualquier jurista diría que no es posible, el expresidente no lo dice en el estricto sentido de la palabra, pero ese mensaje tiene algo de aceptación de la ocurrencia del conflicto en Colombia, lo que nunca había admitido el mandatario. Eso ya es mucho. Y creo que va por el camino correcto. Se requiere grandeza de los líderes del país, deshacerse de soberbias y personalismos; en cambio soltar toda la capacidad de imaginación para innovar el mecanismo político – jurídico que facilite la pronta salida del disoluto círculo del odio que la tiene anclada al pasado, y, con el alma nacional enferma. Sin que valga la comparación, Colombia como nación, está en mora de calcar la valiente decisión del pueblo alemán.

Hasta luego,

(*) Presidente Fundación Comité de Reconciliación ONG